Entre el 20 y el 27 de diciembre de 2023, el nuevo gobierno argentino, que encabeza el presidente Javier Milei, anunció primero el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos para la desregulación de la economía y, luego, la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) con reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales de alto impacto para el conjunto de la sociedad.
En las distintas modificaciones de la Ley Ómnibus se encuentra el artículo 323 (ex 350) que propone cambios sustanciales en la gestión de los derechos de propiedad intelectual que hasta ahora es obligatoria y sostiene que pueda ser voluntaria e individual, alterando significativamente la forma en la que entidades como Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), ARGENTORES, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) operan.
Por otra parte, distintos organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC); el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT); el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) quedaron en situación de riesgo de desfinanciamiento.
De inmediato el sector se declaró en estado de alerta y movilización al entender que “el proyecto de Ley incluye en su articulado medidas y derogaciones que producen un grave desfinanciamiento del INCAA que afectaría todo su accionar, producción y promoción de la cultura audiovisual nacional hasta llevarlo en muy corto tiempo a su total desaparición”, según advirtió DAC en un comunicado del 29 de diciembre de 2023 y subrayando que esto se da “entre otras tantas medidas que producen una situación terminal; acciones que no pueden permitirse de ninguna forma en nuestro país”.
En ese sentido, los trabajadores del sector cultural se manifestaron masivamente el 24 de enero en un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con movilizaciones en las diferentes provincias de la Argentina en rechazo a la aprobación del DNU y la Ley Ómnibus por parte del Congreso nacional.
Vital apoyo a nivel internacional
Distintos referentes de la Cultura argentina pudieron expresarse ante los legisladores para manifestar lo perjudicial de estas leyes y a pesar de que se anunciaron modificaciones respecto del proyecto original se han encontrado -disimulados en un caos de artículos- disposiciones que impactan gravemente en el sistema de derechos de autor, perjudicando de esta manera a directores, guionistas, actores y músicos de todo el país.
En ese contexto, DAC emitió un comunicado explicando la gravedad de esa modificación en la que se remarca que “sin la gestión colectiva nos encontraríamos individualmente desprotegidos ante la negociación con los gigantes del entretenimiento, arriesgándonos a ceder derechos y aceptar condiciones desventajosas por trabajar y también por el anhelo de ver nuestras obras en la pantalla, pero este proyecto parece estar dispuesto a sacrificar la protección de los creadores por una ‘libertad individual’ que en realidad abre la puerta a los abusos”.
En el comunicado también señala que “en otros países, las legislaciones amparan a los creadores limitando expresamente la cesión de derechos como un escudo protector y, en Argentina, la gestión colectiva obligatoria juega, hasta ahora, ese papel de escudo”.
Teniendo en cuenta la amenaza que supone para los autores audiovisuales de Argentina, DAC recibió por escrito el apoyo de más de 25 instituciones internacionales entre Confederaciones, Federaciones y Asociaciones que sirve para dimensionar la gravedad de la modificación y resulta un apoyo vital en este momento de incertidumbre.
Entre las instituciones que enviaron misivas se destacan: Autores Audiovisuales Confederación Internacional (AVACI); la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC); la Federación de Sociedades Audiovisuales de Latinoamérica (FESAAL).
A la vez distintas asociaciones de Europa como la Société Civile des Auteurs Multimédia de Francia (LA SCAM); la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), la Union of Audiovisual Authors and Producers de Polonia (ZAPA), la eslovena AIPA, la británica Authors' Licensing and Collecting Society Ltd (ALCS); la suiza Société Suisse des auteurs (SSA) y desde Oceanía la Australian Screen Directors Authorship Collecting Society (ASDACS).
Entre las latinoamericanas brindaron su apoyo la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC); las colombianas Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión (DASC), la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Colombia (EGEDA); la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales (REDES); la uruguaya Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU); la chilena Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN); la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC); la venezolana Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN); la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (SOBODAYCOM) y la mexicana Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).
El proyecto de ley amenaza -según indican las instituciones de gestión colectiva argentina- con “desmantelar los beneficios sociales” que proporciona este tipo de gestión y que el mismo no “evalúa el modelo de éxito que representa la gestión colectiva por género en Argentina, un monopolio legal, licito y vigente desde hace décadas. Un sistema que encuentra su paralelo en Estados Unidos. Efectivamente allí, aún en el país considerado como uno de los más liberales del mundo, reconoce la importancia de salvaguardar los intereses de los creadores de forma unitaria y centralizada por ello bajo la figura jurídica conocida como «Guild» o gremio, se protegen los derechos creativos de los directores”.
Finalmente, y ante informaciones incorrectas que circulan al momento de justificar la modificación de este artículo, DAC salió a aclarar a la ciudadanía que “los aranceles percibidos no son subsidios estatales, sino la justa compensación que pagan las empresas que se benefician de nuestras obras. Como directores, es nuestro derecho recibir una remuneración equitativa por el uso comercial de nuestro arte”.
